Las calles del centro de San Miguel de Tucumán llevan dos semanas bajo el control exclusivo de “trapitos” y cuidacoches, nuevamente. El pago a voluntad volvió numerosas cuadras donde funcionó, durante 45 días, el estacionamiento medido. Es incierto saber qué pasará con el servicio adjudicado la unión transitoria de empresas (UTE) Tecno Agro Vial, dado que la Justicia no se expidió tras los planteos presentados, luego la provisión que ordenó la suspensión desde el 1 de este mes. “Mientras tanto, las calles están liberadas”, cuestionó, con un tono de decepción, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Rodolfo Ocaranza.

El representante de la firma, Facundo Lavieri, consideró que “hay una bajada de línea” dado que -dijo- la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo se mostró muy expeditiva para responder cuestionamientos que se hicieron al proveído judicial. “Respondieron en el mismo día. Ahora para respondernos a nosotros se están tomando semanas, respondiendo a cuenta gotas y cosas que no son de fondo”, apuntó.

Lavieri señaló que el tribunal que integran María Felicitas Masaguer y María Florencia Casas les notificó el lunes que no está acreditado que se les esté generando un perjuicio, por lo que no se levantará la suspensión del servicio. “No hace falta ni probar los perjuicios que nos están generando’’, dijo. A su vez, comentó que se les informó el martes que se unificarán todas las causas en un mismo juzgado (ver aparte).

Especulaciones

El representante de la firma comentó que en este tiempo estuvieron dictando algunas capacitaciones a los 30 empleados y haciendo mantenimientos a los vehículos. Afirmó que no es intención de la empresa rescindir el contrato, dado que invirtieron unos $100 millones, pero expuso su frustración y malestar. “Todavía no hay una cautelar. Esto es una decisión unilateral de un juez. Pareciera que lo que quieren es jugar con los tiempos. Hay mucha incertidumbre. No es un proceso normal en el que uno sabe que en 15 días puede tener respuestas. A esto lo pueden llegar a dormir seis meses o pueden levantar la suspensión y dejar la causa dormida para que, antes de las elecciones, la puedan volver a usar como mecanismo de presión”, dijo Lavieri.

Por último, el titular de Tecno Agro Vial dijo que, como empresario, no sabe qué hacer ante este tipo de situaciones. “Siempre se criticó que no era una empresa de Tucumán, pero ninguna otra se presentó. Pero si pasan estas cosas, no va a venir nadie a invertir en Tucumán”, rezongó.

Ocaranza manifestó que la Municipalidad hizo las presentaciones solicitadas por la Justicia y que aguarda una respuesta. Afirmó que no le sorprendería que se dilaten los tiempos. A su vez, apuntó lo difícil que será volver a empezar con el sistema para la empresa. “¿Cómo hacés para volver atrás y levantar todo eso?”, expresó.

La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo dictó el 1 de septiembre una provisión mediante la cual solicitó suspender el servicio en el marco del amparo colectivo interpuesto por Fodecus (Frente de Organizaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios de Tucumán) contra la Municipalidad. La asociación civil reclamó la nulidad de la adjudicación del servicio de Estacionamiento Medido a la unión transitoria de empresas que lo tiene cargo.

Causas unificadas: la Sala II en lo Contencioso Administrativo llevará todas las denuncias

La Justicia tucumana unificó las cuatro presentaciones que se hicieron contra el estacionamiento medido, para que se declare la nulidad del contrato entre la Municipalidad y la UTE Tecno Agro Vial, por presuntos incumplimientos en el contrato, y se interpongan acciones de amparo. Por conexidad, la Sala II en lo Contencioso Administrativo llevará todas las denuncias a fin de evitar sentencias contradictorias. Las causas contra la Municipalidad son impulsadas por: la Defensoría del Pueblo (cuidacoches y frentistas, fue la primera en ingresar); Fodecus; el concejal de Yerba Buena Alejandro Sangenis; y Fiana Mariel Gallo.